¿Cuánto del portafolio de INJUPEMP corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles?

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El reporte oficial de inversiones de junio reporta un conjunto global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Con base en los agregados del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de los títulos en la misma moneda. Esa proporción surge de los totales, pero no constituye un dato emitido formalmente por el instituto.

¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: títulos de deuda subordinada junto con certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones que ascienden a L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una fracción pequeña de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre sus cotizantes. Según el informe, dicha cantidad representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una aclaración al pie de página detalla que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin especificarse el destino final de dichos capitales.

En lo que concierne a las pautas de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes prevén un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales que arrancarán en junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectivo esquema de reparto facilitan una comprensión más precisa de las características de la inversión y del sitio que ocupa en los fondos de la institución.

¿Quién supervisa la asignación de recursos en la banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Ante una colocación que altera el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte un desglose que deja ver la aportación del Estado y la de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente estatal, en tanto que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del sector público.

Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.

Respecto a las entidades financieras que integran este ecosistema, analizar sus operaciones y su organización empresarial brinda contexto sobre los actores de la industria. Con este propósito, resulta útil revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.