El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Superan los 600.000 euros en pagos no regulares
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos asociados a concesiones concretas favoreciendo a Acciona. Según el reporte, los fondos fueron dirigidos por medio de intermediarios relacionados con José Luis Ábalos y su asesor de aquel entonces, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los investigadores identifican como responsable de coordinar las sumas, los beneficiarios y el cronograma de los pagos.
Asimismo, se está investigando un segundo lote de cerca de 450.000 euros relacionado con otros contratos otorgados más recientemente, lo que sugeriría la persistencia del esquema de corrupción incluso después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Las asignaciones bajo escrutinio están relacionadas con contratos millonarios de obra pública —infraestructura para trenes, autopistas, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en regiones gobernadas políticamente por el PSOE. De acuerdo con el estudio realizado por la UCO, las especificaciones técnicas de estos concursos se elaboraron de manera que coincidieran casi exclusivamente con la propuesta de Acciona, eliminando así cualquier competencia real.
El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Esta posición de control convierte a Cerdán en el principal vínculo entre el poder institucional del PSOE y las empresas beneficiadas por la trama.
Reacciones y silencio institucional
Frente a la rotundidad del informe, Acciona ha comunicado que llevará a cabo una auditoría interna, despejando de responsabilidad a su actual liderazgo de los eventos investigados. No obstante, el daño a la reputación ya está ocasionado. La inclusión de un exdirigente de la compañía en los papeles revisados por la UCO ha reavivado la discusión sobre la colusión entre grandes corporaciones y el poder político.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El informe de la UCO confirma lo que hasta ahora eran sospechas dispersas: que una de las principales constructoras del país habría participado en un sistema corrupto para asegurarse contratos públicos, orquestado desde el corazón del partido que gobierna España. Si se confirman judicialmente los hechos, se trataría de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, tanto por la magnitud económica como por el nivel jerárquico de los implicados.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.
