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Juez detiene la ejecución de la orden sobre la ciudadanía en EE.UU.

Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.

Un juez federal de Seattle emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el expresidente Donald Trump. La medida pretendía limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, lo que generó una intensa polémica y un amplio rechazo entre grupos de derechos civiles, fiscales generales y varios estados liderados por demócratas.

La orden ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos en situación irregular o con visas temporales, nacidos en territorio estadounidense, adquirieran la ciudadanía automáticamente, a menos que uno de sus progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», cuestionaba de forma directa la tradicional interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por nacimiento.

La orden ejecutiva buscaba evitar que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran automáticamente la ciudadanía, salvo que al menos uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba directamente la interpretación histórica de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan». Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.

Diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y diferentes organizaciones de derechos civiles, calificaron de inmediato la orden ejecutiva como inconstitucional. Argumentaron que el presidente carece de potestad para modificar o derogar una enmienda constitucional.

Primer fallo judicial

El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «claramente inconstitucional». La demanda legal en Seattle fue interpuesta por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, los cuales argumentan que la orden infringe derechos fundamentales y podría causar un impacto considerable en las jurisdicciones locales, incluida la pérdida de fondos federales para programas destinados a la infancia.

El juez federal John Coughenour, al emitir su orden de restricción, calificó la medida de Trump como «descaradamente inconstitucional». La acción legal en Seattle fue presentada por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, que sostienen que la orden viola derechos fundamentales y podría tener un impacto significativo en las jurisdicciones locales, incluida la pérdida de financiación federal para programas infantiles.

Antecedentes históricos y legales

La ciudadanía por nacimiento ha sido un principio esencial en Estados Unidos desde la adopción de la 14ª Enmienda. La enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha sido un componente clave de la identidad constitucional del país.

Aunque en su primer mandato Trump había amenazado con tomar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva representa el primer intento formal de limitar este principio a través de una acción directa desde el Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.

La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento

Los defensores de las políticas migratorias restrictivas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el «turismo de natalidad» y la inmigración irregular, argumentando que muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera con la intención de que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, expertos constitucionales y juristas han manifestado que cualquier modificación a este principio requeriría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no puede ser aplicada unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.

Consecuencias a futuro

El veredicto del juez Coughenour representa el comienzo de lo que se prevé será un prolongado enfrentamiento legal respecto a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las acciones legales progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegue finalmente al Tribunal Supremo, donde se resolverá la constitucionalidad de esta polémica medida.

El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.

La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.

By Kujsnrg7j

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